Mortalidad triplicada y ministerios ausentes: la crisis del suicidio adolescente en CABA

En los últimos 25 años, la mortalidad por suicidio se triplicó en la población joven y es la segunda causa de muerte en los menores de 19 años.

David tenía 15 años. Había llegado con 10 años a Buenos Aires desde Venezuela en 2017, junto a sus padres y dos hermanas. Era un chico introvertido, inteligente, que amaba dibujar y leer. Pero el contexto de la migración, la presión de "estar bien" para no generarle más preocupaciones a sus padres, quienes luchaban para poder sobrevivir económicamente, y el profundo desarraigo lo fueron apagando.

Sus reacciones —irritabilidad, dejar de dibujar, un "desgano total"— no surgieron de la nada, brotaban de una tristeza profunda. Un día, su madre lo encontró en su cuarto, sumido en un llanto desgarrador. Entre lágrimas, David le dijo que "estaba cansado" y que "no quería sentir más".

Lo que su familia descubrió de inmediato fue la respuesta del sistema. Al no tener obra social, su madre acudió al Hospital General de Agudos Durand para pedir un turno en psiquiatría infanto-juvenil. La respuesta: una demora de tres o cuatro meses solo para la primera entrevista de admisión. "El sistema está colapsado", le dijeron.

Llevaron a David a la guardia dos veces. En ambas ocasiones, un psicólogo determinó que no presentaba "riesgo inminente" y no era un caso de internación. Fueron enviados a casa con una orden de "seguimiento por consultorios externos", para la cual seguía corriendo la lista de espera de meses. Era un laberinto: el sistema lo consideraba "no tan mal" para internarlo, pero estaba demasiado colapsado para darle un turno ambulatorio.

El turno nunca llegó a tiempo. En julio de 2022, David se suicidó en su habitación.

La historia de David, aunque es la crónica de una tragedia singular, simboliza el sufrimiento de miles de familias en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos padres a menudo descubren el dolor de sus hijos adolescentes cuando ya es demasiado tarde. La mirada adultocentrista presente, que desestima la angustia juvenil, provoca que la búsqueda de ayuda se retrase. Para muchas familias, el primer contacto con el sistema de salud ocurre cuando la crisis ya es grave: en las guardias de los hospitales.

Las anécdotas se han convertido en una epidemia estadística. Un informe publicado en 2025 por el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revela la magnitud de la situación: solo en 2023, la ciudad registró 596 internaciones hospitalarias de niños, niñas y adolescentes por riesgo suicida (de las 1.013 vinculadas a salud mental). Esto equivale a más de una internación (1,6) cada día del año. La demanda de atención en salud mental, que aumentó casi un 30% entre 2023 y 2024, se materializa en estas cifras frías. La gravedad de la situación fue admitida por la Asesora General Tutelar de CABA, la abogada Carolina Stanley: "Nos encontramos frente a una situación grave: El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país. Y en los últimos 25 años, la mortalidad por suicidio se triplicó en la población joven y es la segunda causa de muerte en los menores de 19 años".

Esta crisis tiene un rostro demográfico claro. No son, en su mayoría, jóvenes a punto de terminar la escuela. El epicentro del problema está en la secundaria temprana. El grupo de edad con más internaciones es el de 13 a 15 años, lo que representa casi la mitad de todos los casos (48,3%). El segundo grupo es el de 16 y 17 años (43,6%). Y la crisis está abrumadoramente generalizada: el 77,2% de todos los adolescentes internados por riesgo suicida son chicas.

David, con sus 15 años, no era una excepción. Era el centro de la estadística. Los datos oficiales confirman lo que su historia sugiere: los factores de riesgo identificados en la investigación, como el desarraigo, la presión familiar y el aislamiento social, son claves. El médico psiquiatra Demián Rodante, vicepresidente del capítulo de Suicidología de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), advierte que el suicidio es un fenómeno complejo y que "no podemos atribuirlo a una sola cosa… son múltiples las variables que influyen en que alguien piense en matarse". Estos factores, sean cuales fueren, están golpeando con más fuerza a los adolescentes en el momento más vulnerable de su desarrollo, llevándolos en números récord al hospital.

La brecha entre la ley y la realidad 

La crisis de internaciones no ocurre en un vacío legal. Argentina cuenta con una Ley Nacional de Salud Mental (26.657) y una Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130). La Ciudad de Buenos Aires tiene sus propias normativas, como la Ley 448 de Salud Mental y la Ley 6106 de Prevención del Suicidio. Todas ellas mandatan un abordaje integral, comunitario, financiado y preventivo.

La Ley Nacional 26.657, sancionada en 2010, obliga al Estado a desmantelar el modelo hospitalocéntrico y reemplazarlo por un abordaje interdisciplinario e interseccional basado en la atención primaria de salud y dispositivos comunitarios. Reconoce la salud mental como un derecho humano, inseparable de la salud integral.

Cinco años después, la Ley Nacional 27.130 declaró la prevención del suicidio como interés nacional. Esta ley es explícita. Mandata la prevención, asistencia y posvención. Exige la capacitación profesional para detectar el riesgo y, fundamentalmente, obliga a todo el sistema de salud a priorizar la asistencia de los niños, niñas y adolescentes.

La Ciudad de Buenos Aires no solo adhirió a esta norma, sino que en 2018 la reforzó con su propia Ley 6106. Esta ley local es la que genera la obligación directa e ineludible para el gobierno porteño. El artículo 7 obliga al Ministerio de Salud de CABA a la capacitación de profesionales y personal de la salud y de la educación, y a desarrollar talleres en establecimientos educativos.

A esta debilidad legislativa se suma uno de los tantos factores contribuyentes al aumento de las muertes por suicidio a nivel estatal: la gestión ministerial. Esta se evidencia en dos componentes principales: una asignación presupuestaria crítica y una desarticulación crónica entre los ministerios responsables de proteger a estos adolescentes.

Sin embargo, este marco legal ya es reconocido por los propios legisladores como insuficiente. En un plenario de comisiones de 2025 para modificar la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130, el diputado Pablo Yedlin (UxP) admitió que "la Ley de Salud Mental es muy poco amplia en lo referido a la protección de los niños y adolescentes". Su par, la diputada Roxana Reyes (UCR), fue más directa: "hay un vacío legal en la ley".

Un 'presupuesto irrisorio' para la salud mental adolescente

La Ley 26.657 establece que el presupuesto de salud mental debe alcanzar un mínimo del 10% del gasto sanitario total. Una década después, esa cifra no se cumple. Un informe de 2025 del think tank FundAr reveló el número real de 2023: el Estado nacional destinó solo el 4,1% de la partida presupuestaria del áreaa la salud mental. Aunque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que presentó una mayor participación, con 7,5% del gasto en salud mental sigue sin llegar al mínimo legal.

Pero el dato que impacta directamente en la población adolescente: de todo el fondo público sanitario nacional, solo el 0,4% se destinó a la salud mental de adolescentes. Esta cifra representa apenas el 9,2% del ya insuficiente 4,1% destinado a la salud mental general. En palabras de la Paola Di Clerico, psicóloga de la Red de Suicidología de Argentina, se trata de un "presupuesto irrisorio".

Contar con fondos tan escasos hace matemáticamente imposible que el Ministerio de Educación de CABA cumpla con el artículo 7 de la Ley 6106, que le ordena explícitamente capacitar a miles de docentes y realizar talleres en cientos de escuelas. La falta de implementación genera tal desconfianza que, en la misma comisión, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Carla Carrizo (DpS) exigió "añadir un artículo para establecer que la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes audite anualmente el funcionamiento de esta Ley".

Esta desarticulación entre ministerios, que los expertos denuncian hoy, contradice principios fundacionales establecidos hace un cuarto de siglo. La Ley 448 de Salud Mental de CABA del año 2000 ya establecía, como principio fundacional, el desarrollo con enfoque de redes, la intersectorialidad y el abordaje interdisciplinario. 

Ministerio de Salud: "no hay turno, no hay cama, no hay especialistas"

La presión sobre el sistema de salud se mide en camas de hospital. Las 596 internaciones por riesgo suicida en CABA no son un indicador de que el sistema de salud esté respondiendo; son el síntoma de que el sistema de prevención y atención primaria no está logrando contener la crisis en una etapa anterior. Cada adolescente que llega a una guardia en crisis es un adolescente al que el sistema ambulatorio, comunitario y preventivo –mandatado por la Ley 26.657– no llegó a tiempo.

Para una familia que busca ayuda antes de la crisis, el sistema público presenta barreras de acceso. El jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Moyano, Demián Rodante, lo describe como un laberinto de barreras burocráticas y listas de espera. La familia de David lo vivió en carne propia. Al no tener obra social, acudieron al Hospital Durand en Caballito. La respuesta para una primera entrevista de admisión en psiquiatría infanto-juvenil fue una demora de "tres o cuatro meses".

Esta es la realidad que los legisladores ya notan. En una sesión de la comisión de acción social y salud pública el 5 de agosto de 2025, la diputada Roxana Reyes (UCR) describió la desesperación del sistema: "no estamos llegando a tiempo y no estamos abordando la problemática como es debido… madres en todo el país que deambulan… y no saben a donde acudir o quien las puede ayudar".

La razón de estas listas de espera es una crisis de recursos humanos que el 0,4% del presupuesto no puede resolver. La psicóloga Paola Di Clerico denuncia una escasez crónica de psiquiatras infantojuveniles. El médico especialista en salud mental Bill Carpio, del Hospital Piñero, es categórico: "faltan profesionales". Los psiquiatras no dan abasto, sus agendas están colapsadas y se ven forzados a rechazar pedidos desesperados.

Sin turnos ambulatorios, la única puerta que le queda a la familia es la guardia. La familia de David acudió dos veces. Allí, un psicólogo determinó que no presentaba "riesgo inminente" y no era un caso de internación. Los enviaron a casa con una orden para "consultorios externos", aunque la lista de espera todavía era de meses. Es el laberinto que describe su hermana, Ana: "Te botan de la guardia porque no estás 'tan mal' como para internarte, pero no te dan turno ambulatorio porque el sistema no da abasto". Los profesionales se ven forzados a una práctica que Di Clerico llama "la externación temprana de los pacientes en riesgo", la razón, explica, es que no hay camas ni equipos de seguimiento ambulatorio suficientes.

El médico Carpio, además, lamenta la carencia de dispositivos de apoyo como hospitales de día o casas de medio camino. Esos hospitales de día y casas de convivencia son precisamente los dispositivos que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 ordenó crear en 2010, para reemplazar al modelo de internación total. De esta forma, el Ministerio de Salud no solo enfrenta una escasez de personal para el sistema existente, sino que tampoco ha implementado los dispositivos alternativos que la ley le ordenó hace 15 años.

Ministerio de Educación: "La primera línea de batalla"

La escuela es el territorio donde se gesta y se manifiesta la crisis. Es el escenario del bullying y el ciberacoso, pero también del aislamiento y el desarraigo. Como afirma el psiquiatra Demián Rodante, "la educación es como la primera línea de batalla". Es el lugar donde los adultos no padres tienen más horas de contacto con los adolescentes y donde las señales de alerta –el aislamiento, el enojo, la tristeza– son visibles primero.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires es un actor con obligaciones legales claras. La Ley 6106 de CABA le ordena explícitamente la capacitación a profesionales y personal de la educación y desarrollar talleres en establecimientos educativos para la prevención del suicidio.

Sin embargo, el personal educativo reporta no haber recibido esta formación Natalia Bernachini, docente de nivel secundario con 21 años de experiencia, es tajante: "nunca en mis años de docencia –tanto en primaria como secundaria– recibí del Ministerio algún tipo de charla u otro tipo de formación". Por su parte, Candelaria Laino, psicopedagoga que trabaja en programas sociales y educativos del Gobierno de la Ciudad, lo confirma: "nunca recibimos capacitación formal sobre la prevención del suicidio".

Esta falta de formación es la consecuencia directa e inevitable de un presupuesto de salud mental adolescente de 0,4%. Es matemáticamente imposible implementar el artículo 7 de la Ley 6106 con fondos inexistentes.

En lugar de prevención, el Ministerio de Educación opera bajo un enfoque estatal puramente reactivo. Como explica la docente Bernachini, "no se toman medidas de prevención, sino que se ataca al problema cuando ya pasó". La ayuda del Ministerio, dice, "solo aparece cuando hay casos de denuncias al colegio o si un chico ejerce violencia".

La única herramienta que el Ministerio provee a sus docentes es un protocolo, pero, como denuncia la psicóloga Paola Di Clerico, este protocolo no está diseñado para salvar vidas, sino para mover papeles. Está hecho para derivar el problema, no para contenerlo. Los docentes, sin herramientas para manejar una crisis de angustia, solo pueden derivar al alumno al equipo de orientación.

"Los adolescentes quedan en crisis, flotando en el sistema"

Las carencias de los Ministerios de Salud y Educación porteños no ocurren por separado. Es la falta de coordinación entre ellos lo que los expertos señalan como el problema central. Como cuenta Rodante, el sistema que debería funcionar como una red de seguridad opera, en cambio, como un laberinto burocrático.

La psicóloga Paola Di Clerico ofrece una metáfora precisa: "la coordinación es el principal problema… es una pelota que se patean". Explica que el Ministerio de Educación "deriva salud". El Ministerio de Salud "devuelve la pelota o da turnos con demoras".

El resultado, en las palabras de Di Clerico, es que "el joven, los niños, los adolescentes quedan en crisis, flotando en el sistema". La psicopedagoga Candelaria Laino, que trabaja en la interfaz de los programas de CABA, lo llama una "falta de comunicación fluida" y una "maraña de pasos burocráticos" que impiden el seguimiento efectivo.

El Ministerio Público Tutelar (MPT), el mismo organismo que publicó el informe de las 596 internaciones, y cuya misión principal, según la Ley 114 de CABA, es "garantizar la vida, integridad y desarrollo" de los niños se ha convertido hoy en un espectador pasivo de la estadística que él mismo denuncia.

Una consulta realizada por el equipo de investigación para esta nota sobre el rol del MPT en las políticas de prevención del suicidio resultó en una serie de derivaciones internas. En primera instancia, la Adjuntía de Salud Mental, a cargo de la abogada Magdalena Giavarino aclaró que solo se ocupa de mayores de edad y derivó la consulta a la Adjuntía de Niñez. Sin embargo, esta área respondió que sus equipos "no trabajan específicamente con la problemática del suicidio" y devolvió el pedido a la Secretaría General de Gestión. Esta oficina tampoco concedió la entrevista, limitándose a enviar enlaces a campañas públicas, mientras que de la máxima autoridad, la abogada Carolina Stanley, no se obtuvo respuesta alguna.

El sistema de "derivación" pareciera ser el modus operandi de los ministerios en CABA. Mientras Educación traslada la responsabilidad a Salud, este último empuja a los pacientes hacia listas de espera de meses. Por su parte, el Ministerio Público Tutelar, teórico garante de derechos, cierra el círculo burocrático derivándose los casos a sí mismo hasta llegar a un callejón sin salida.