Entrevista al Dr. Bill Carpio, médico especializado en salud mental y medicina ocupacional, integrante del proyecto en el Hospital Piñero 

"Sin recursos humanos, cualquier plan queda en los papeles"

Por Catalina Raiolo

Durante los últimos años, la salud mental adolescente en la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en un tema urgente. La tasa de suicidios en jóvenes de entre 12 y 17 años aumenta cada año. Profesionales advierten que está relacionado a la falta de políticas públicas específicas y a la respuesta insuficiente del sistema de salud y educación porteño.

En ese contexto, surgen proyectos dentro de hospitales públicos como el Piñero, que buscan reforzar la atención en salud mental. El Dr. Bill Carpio, con trayectoria en salud mental y ocupacional, forma parte de esta iniciativa y aporta una mirada sobre los alcances y limitaciones actuales.

El especialista subraya la importancia de un trabajo articulado entre las escuelas, el sistema de salud y las familias, ya que considera que la detección temprana es clave para prevenir situaciones críticas. Sin embargo, advierte que los recursos disponibles aún resultan insuficientes frente a la creciente demanda, lo que plantea la necesidad de fortalecer las políticas públicas y garantizar un acceso equitativo a la atención psicológica y psiquiátrica.

Introducción de su experiencia como profesional. Cuéntenos un poquito de usted.

Soy médico formado en UBA, especializado en salud mental y en medicina ocupacional. Desde hace unos años trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y actualmente formo parte del proyecto Piñero enfocado en la salud mental. Mi interés siempre estuvo en cómo los contextos sociales, laborales y familiares influyen en la salud mental, y encontré en este hospital un espacio para aplicar esa mirada en la población juvenil.

¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que ve en adolescentes en la Ciudad y qué cambios notó en los últimos años?

Los adolescentes hoy están mucho más expuestos a situaciones de ansiedad, depresión y consumo problemático que hace una década. Lo más alarmante es el crecimiento de los intentos de suicidio y conductas autolesivas. La pandemia dejó una huella muy fuerte: aislamiento, duelos sin elaborar y vínculos muy mediados por la tecnología. Todo eso potencia la sensación de soledad, y cuando no hay redes de contención ni acceso rápido al sistema de salud, los riesgos se multiplican.

¿Qué barreras encuentran los chicos y sus familias para acceder a la atención pública?

La principal es el acceso mismo: faltan profesionales, sobre todo psiquiatras infanto-juveniles. En el Piñero, como en otros hospitales, nos faltan dispositivos de apoyo para las distintas externaciones, recursos de apoyo, acompañamiento terapéutico, casas de medio camino, hospitales de día y residencias. Otro obstáculo es la burocracia: muchas familias no saben dónde ni cómo pedir ayuda, y terminan llegando a la guardia en situaciones de crisis, cuando lo que necesitamos es prevención temprana.

En la Ciudad se lanzó el Plan Integral de Salud Mental y Neurodesarrollo (PISMyN) para intervenir en las escuelas. ¿Qué opinión le merece?

Toda iniciativa que ponga el tema sobre la mesa es positiva, pero hay que tener cuidado: la escuela no puede reemplazar al sistema de salud. Puede detectar señales, contener en un primer momento y derivar, pero si detrás no hay un hospital con profesionales disponibles y recursos, el plan se convierte en un anuncio vacío. Es decir, sin inversión sostenida en el sistema de salud, la escuela queda sobrecargada.

¿Qué estrategias le parecen más efectivas para detectar y prevenir crisis en adolescentes?

Primero, aumentar la cantidad de profesionales capacitados en hospitales públicos. Segundo, articular con las familias y no pensar solo en el adolescente aislado: la salud mental es un entramado comunitario. Y tercero, acercar dispositivos de atención a los barrios, porque muchas veces la distancia física y económica impide llegar al hospital.

Si pudiera proponer una medida prioritaria de política pública, ¿cuál sería?

Garantizar un presupuesto específico para salud mental que se cumpla y no quede en los papeles. Hoy la ley dice que debería ser un 10 % del gasto en salud, pero en CABA estamos lejos de eso. Con ese dinero se podrían contratar más profesionales, mejorar la estabilidad laboral y asegurar tratamientos continuos para los chicos.

¿Algún dato o reflexión final?

Me gustaría remarcar que detrás de cada estadística de suicidio hay familias, docentes y comunidades atravesadas por el dolor. Los profesionales hacemos lo posible, pero si no se invierte en recursos humanos y en políticas públicas sostenidas, seguiremos corriendo detrás de la emergencia en lugar de prevenirla.